Los ex convencionales del Partido Obrero (PO), Daniel Blanco y Martín Correa, aseguraron que la confirmación de los gastos de funcionamiento de la Convención Constituyente (CC) de 2006 por un total de $ 1,8 millón amerita un especial análisis de la Justicia. "Para (el gobernador, José) Alperovich, ese cuerpo no sólo fue el instrumento para imponer una reforma reaccionaria, antidemocrática, y que habilitaba reelecciones; también fue una caja para malversar fondos públicos", aseguró Blanco.
Según la ley 7.469, que estableció los límites de la última modificación a la Carta Magna, realizada en junio de 2006, el cargo de convencional constituyente era ad honórem. Los integrantes del cuerpo podían sin embargo utilizar fondos para gastos administrativos. Hace una semana, tomaron estado público recibos de representantes del oficialismo y de sus aliados, quienes rubricaron los documentos aunque no se habían completado los espacios para concepto y fecha, entre otros. "Ninguno debería haber cobrado por cumplir con su misión. Debe investigarse la aparición de recibos por decenas de miles de pesos de diferentes convencionales", señaló Blanco. Además, expresó que la CC lo discriminó, ya que el PO no recibió idénticos recursos que otros espacios.
Sobre este tema existe una denuncia en la Fiscalía de Instrucción de la IX Nominación, a cargo de María de las Mercedes Carrizo.
El referente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, también se refirió a la polémica. "Todos los partidos que se presentaron a esa Convención cobraron; unos más y otros menos. Lo más grave fue que partidos denunciaron que iba a haber fraude, pero se presentaron igual para legitimar esas elecciones", indicó el veterano dirigente.